Los políticos no tienen quien les quiera

Por Gabriel Albiac

entrevistas01_gHASTA los hombres sin linaje, que antaño debían a su mérito personal el haber superado a los de noble familia, llegan ya también al poder político y a los honores, más por vías de oscuro latrocinio que por medios honrados». Plebeyo por familia, Salustio deplora esa general pudrición: «¿Quién hay, en nuestros días, que no aspire a sobrepasar a sus antepasados, no en virtud, no en civismo, sino en riqueza y despilfarro?». Su retrato del político nos golpea por su glacial apuesta de lucidez: «Me he dejado fácilmente llevar por la decepción y el asco que nos inspiran las costumbres de nuestro tiempo. Vuelvo a empezar».

Volvemos. A empezar. Las encuestas constatan un hartazgo: la mitad de los españoles abomina de esos grandes partidos que son nervio del Estado desde el fin de la dictadura. Produce estupor la cifra: ¿y cómo se las apañará la otra mitad para no estar asqueada? Tiene mérito. No hay que estar tocado por el don profético para saber que esa cuota de hastío sólo podrá incrementarse. Los partidos han hecho todo cuanto estaba en su mano para ser odiados.

Desde el 78, han blindado sus privilegios. Invisibles, en su mayor parte. ¿Por qué no hacen públicos los bancos –y, sobre todo, las Cajas– el importe de los créditos impagados por los partidos durante tres décadas? ¿Por qué el total de lo que un eurodiputado ingresa es, sumadas dietas y gabelas, un misterio más que teológico? ¿Por qué ningún constructor hace público lo pagado en negro a cambio de recalificaciones de terreno? Yo ya ni pido que se haga justicia: no soy lo bastante ingenuo. Me conformo con poder decir: «Esto hubo». Y cerrar el ciclo. Y empezar de nuevo. Con una Constitución que depure nuestros vicios más letales. Y que plantee unas cuantas interrogaciones muy sencillas.

La primera: ¿por qué un representante tiene que cobrar sueldo específico por hablar en nombre de sus iguales? Que el Estado le garantice no perder dinero, se entiende. Bastaría con mantenerle ingresos equivalentes a los reflejados por sus cuatro últimas declaraciones de Hacienda. Ni un céntimo más. Ni un céntimo menos.

La segunda: ¿por qué permitir a un individuo perpetuarse en la representación política? Continuidad en el poder y corrupción son lo mismo. Dos –o, como mucho, tres– legislaturas cumplen holgadamente la ambición del honor público.

La tercera: ¿por qué debe el ciudadano privado financiar con sus impuestos a todos los partidos? Es de elemental sensatez que eso corra a cargo de los afiliados. Lo mismo vale para los sindicatos.

La cuarta: ¿por qué debe el ciudadano pagar la reduplicación del Estado en Comunidades Autónomas? Diecisiete Estados adicionales pueden sólo servir para el saqueo.

La quinta: ¿por qué debemos pagar el inútil Senado? Que cada cual se financie sus balnearios…

Hay más, muchas más preguntas. Cada cual las conoce. Y es la hora de hacer de su respuesta Carta Magna.

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